Por Pedro Huerta, revista Ecclesia.
7 noviembre, 2020
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Cuando el 23 de septiembre el diputado de Unidas Podemos
Javier Sánchez, al presentar las enmiendas conjuntas de su grupo y de PSOE a la
LOMLOE, afirmó sin pudor que la existencia de la educación concertada en España
era una anomalía en el conjunto de Europa que la nueva Ley educativa venía a
corregir, marcaba el comienzo de las movilizaciones y actuaciones de todas las
entidades representativas de la educación concertada en nuestro país, que se ha
consolidado mediante la campaña «Más plurales». La tramitación del proyecto de
Ley (LOMLOE) ha unido en una misma reivindicación a los titulares de los
centros, las asociaciones de madres y padres de alumnos y los representantes de
los trabajadores. En las últimas semanas se han adherido un buen número de
instituciones y asociaciones que se identifican con los argumentos de la
campaña en la defensa de una educación más plural, de calidad y en libertad.
A nadie se le escapa que nuestro sistema educativo necesita
reformarse, poco han contribuido los continuos cambios legislativos que solo
consiguen cansar a la comunidad educativa y se justifican exclusivamente en la
confrontación política, por lo que acaban impregnando de ideología lo que solo
debería reflejar mejora pedagógica y organizativa, tanto para el sistema como
para los mismos centros educativos. Llevamos años exigiendo un pacto educativo
político y social que afronte estas mejoras desde el consenso, con la vista
puesta en la formación que queremos para las generaciones futuras, mejorando la
financiación, protegiendo la calidad de la educación, tanto en la red pública
como en la privada-concertada. Sin embargo, en más de cuarenta años de
democracia, tanto los gobiernos como los partidos de oposición han preferido
confiar en leyes destinadas más a acabar con la anterior que a promover la
educación.
En este contexto nace la LOMLOE, anunciada el mismo día que
el Congreso aprobaba la LOMCE con intención de derogarla por considerarla falta
de consenso, y que se ha convertido en la ley menos participada de nuestra democracia.
La última constatación de este hecho lo confirma la negación de la Comisión de
Educación del Congreso para admitir la comparecencia de expertos y entidades
educativas en el debate sobre las enmiendas a la Ley. A esto se une la buscada
oportunidad del Gobierno para tramitar una ley de este calado, e impregnada de
una fuerte carga ideológica, al mismo tiempo que sufrimos la crisis sanitaria
más grave de los últimos cien años, con los centros educativos volcados en
cumplir los protocolos de seguridad para mantener las clases pero sin recibir
todas las ayudas prometidas, con los profesores y directivos extenuados por
esos mismos protocolos y por compaginar grupos y alumnos en enseñanza
presencial y enseñanza telemática, con las familias preocupadas por la
seguridad de sus hijos y de su propio núcleo familiar. No se ruborizó la
ministra de Educación cuando, interpelada por esta situación en el Senado,
afirmó que de tener aprobada la LOMLOE nada de esto habría pasado.
Lo que esta Ley y este Gobierno entienden como evitable, en
este y en cualquier otro contexto social, tiene que ver con los aspectos más
peligrosos que la LOMLOE pretende incorporar a nuestro maltrecho sistema
educativo. Bajo capa de modernización y mejora, la LOMLOE es, en el fondo, un mala
reedición de la antigua LOE, agravando el modelo pedagógico, reduciendo más aún
los niveles de exigencia y alejando el objetivo tantas veces reclamado de
calidad educativa y de autonomía de los centros.
A todo esto se une un preocupante recorte de libertades, que
pasa por encima de los derechos claramente expresados en el artículo 27 de la
Constitución e inventa un derecho a la educación pública, en un nuevo ataque
contra la complementariedad de redes y en especial contra la educación
concertada, que es considerada, como decíamos al comienzo, una anomalía del
sistema, a pesar de formar parte de los modelos educativos de la mayoría de
países europeos. Los partidos que forman el Gobierno, y que presentan esta
nueva Ley, proponen la educación pública como único eje vertebrador del sistema
educativo, pero lo hacen por encima del consenso, del diálogo y de la
pluralidad, promoviendo una escuela única y laica frente a cualquier otra
propuesta, incluso pasando por encima de la libertad de los padres para elegir
el proyecto educativo para sus hijos, eliminando las oportunidades de promoción
social e integración que la escuela concertada incorpora a nuestro modelo
educativo, introduciendo nuevas asignaturas con valores equívocos y no
consensuados socialmente con el único objetivo de desplazar aquellas
asignaturas que ayudan a integrar la personalidad y generan pensamiento
crítico, como es el caso de la filosofía o la enseñanza religiosa, a pesar de
que precisamente la religión es demandada por más del 67% de los padres y
alumnos. Tras toda esta información es posible que alguien crea que ya es
suficiente, pero aún hay más. La LOMLOE pretende incorporar dos restricciones
importantes. Por una parte, dejar fuera de la posibilidad de conciertos la
futura ampliación de la gratuidad en primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años,
de hecho el proyecto de Ley de Presupuestos ya prepara esta polémica
disposición adicional de la LOMLOE dedicando una importante subida que permita
ampliar las plazas públicas de esa etapa educativa. Por otra parte, poniendo en
duda la continuidad de los centros específicos de educación especial,
promoviendo la integración de sus alumnos en centros ordinarios, que se
justifica por principios de equidad pero que nuevamente ignora y reemplaza la
libertad de los padres de estos alumnos para elegir el centro que mejor
responda a las necesidades educativas de sus hijos. No es casualidad que el
41,8% de los alumnos de Educación Especial que están dentro del grupo de
alumnos con Necesidades Educativas Especiales derivadas de la discapacidad
están en centros concertados.
La mayor parte de la educación concertada de nuestro país la
conforman centros de ideario católico, que cuidan su proyecto educativo desde
la propuesta de las bienaventuranzas, que integran comunidades educativas
plurales, que colaboran en la mejora de la calidad educativa desde una
formación permanente y un acompañamiento desde una pastoral de conjunto. Es
evidente que esta pluralidad molesta, y por eso se pasan por alto las apuestas
de solidaridad, acogida e integración que la escuela concertada, y
específicamente la católica, presta a nuestro sistema educativo y a la sociedad
en general.
Nos movilizamos para reclamar que la educación salga de la
confrontación política, que necesitamos una ley educativa que mejore la calidad
y la financiación, que permita la libertad de elección, una ley de futuro real.
Pero esa ley no es la LOMLOE. Únete firmando en masplurales.es.
